El narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado el viernes en el noroeste de México para su extradición a Estados Unidos por la tortura y asesinato de un agente de la DEA en 1985, no podrá trasladado a ese país de forma inmediata, según un fallo judicial publicado el lunes.
Un juez mexicano concedió un amparo al capo para evitar que sea entregado a las autoridades estadounidenses antes de que haya concluido el procedimiento de extradición correspondiente y determinó que debe permanecer donde se encuentra ahora, una cárcel de máxima seguridad al oeste de la capital mexicana.
Tras la detención, Estados Unidos anunció que buscaría su “extradición inmediata” y el sábado comenzó el proceso legal con ese fin pero, cómo es habitual en estos caso, los abogados de Caro Quintero presentaron ese mismo día un recurso para intentar retrasar su entrega lo más posible.
Los procesos de extradición suelen ser largos. Su agilidad depende mucho de la voluntad política de los países y de los resquicios legales en los que pueda ampararse el acusado para ralentizar el traslado. En el caso del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora sentenciado en una prisión estadounidense, el proceso tardó un año.
Caro Quintero, de 69 años, fue capturado el viernes en la montaña en su estado natal, Sinaloa, en un operativo de la Marina y la fiscalía federal. Catorce marinos que participaban en labores de resguardo de la operación murieron al desplomarse su helicóptero por causas que todavía se investigan.
El capo era buscado por Estados Unidos desde que en 2013 fue liberado de una cárcel mexicana por un aparente error judicial después pasar casi tres décadas encarcelado por el asesinato de un agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y de un piloto mexicano, un fallo que se revirtió después pero que indignó a Washington y tensó las relaciones entre ambos países.
El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso dejar claro que su captura fue fruto del trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina y una muestra de que México ya no protege a criminales.
“Si hay una orden de aprehensión se tiene que ejecutar y si se pide apoyo al gobierno (mexicano) se ejecuta, sea quien sea, es un asunto de rutina, no hace falta que (las fuerzas armadas) me consulten”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa diaria.
“¿No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina?”, preguntó una reportera. “No", contestó tajante. “Y mucho menos elementos (extranjeros), ya no es como antes”.
La actividad de agentes estadounidenses en territorio mexicano siempre ha sido un tema espinoso entre los dos países y la relación de la DEA y el gobierno de López Obrador se tensó hace más de un año con la aprobación de una ley que limitaba sus operaciones.
La captura de Caro Quintero tuvo lugar días después del viaje del mandatario a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden y fue celebrada por altos funcionarios del país vecino.
Anne Milgram, titular de la DEA, dijo que era fruto del trabajo conjunto de la agencia y México aunque desde la embajada se aclaró después que no hubo personal participando en el operativo táctico.
López Obrador reconoció el lunes que existe cooperación regular entre los dos países y que las autoridades estadounidenses participan “cuando se requiere”, por ejemplo, con drones, pero aclaró que este no fue el caso.
Caro Quintero es acusado por Estados Unidos de delincuencia organizada, asociación delictuosa y secuestro y homicidio de un funcionario estadounidense.
El capo era considerado uno de los padrinos del narcotráfico mexicano y aunque las autoridades dicen que había vuelto a la vida delictiva, no tenía el mismo poder que en las décadas de los 70 y los 80 cuando era uno de los principales traficantes de drogas a Estados Unidos.
