Con el objetivo de enfrentar los desafíos y riesgos del desarrollo tecnológico, legisladores de Morena y el Partido Verde presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en México. La propuesta plantea una regulación integral con base en principios de ética, inclusión y soberanía digital.
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La iniciativa, denominada Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial, establece directrices para el desarrollo, implementación y supervisión de sistemas de IA en el país, buscando proteger los derechos de las personas ante tecnologías emergentes que ya influyen en ámbitos como la salud, la justicia, la educación o el empleo.

“La Inteligencia Artificial no puede avanzar sin control, con esta ley buscamos que esté al servicio de la vida, de la justicia y del bienestar colectivo. Con esta ley México se coloca a la vanguardia de América Latina, al proponer un enfoque ético, de soberanía tecnológica y protección de derechos”, declaró la diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Consejo nacional y registro público para sistemas de alto riesgo
De aprobarse, la nueva ley daría paso a la creación de dos órganos fundamentales:
El Consejo Nacional de Inteligencia Artificial (CNIA), una entidad autónoma y consultiva que definiría las políticas públicas relacionadas con la IA.
El Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial (RENIAI), una base de datos pública donde se concentraría información sobre sistemas de IA considerados de alto riesgo.
La normativa contempla además una clasificación por niveles de riesgo, similar al modelo europeo:
Mínimo riesgo: herramientas como filtros de spam.
Riesgo limitado: como chatbots o deepfakes claramente etiquetados.
Alto riesgo: sistemas que intervienen en salud, educación o justicia.
IA prohibida: como tecnologías de vigilancia masiva sin orden judicial.

La iniciativa también prohíbe expresamente el uso de la IA para manipular elecciones, vigilar ciudadanos o ejercer discriminación por género, condición social u origen.
Finalmente, garantiza a la ciudadanía el derecho a saber cuándo una IA toma decisiones sobre su vida, a comprender esas decisiones, impugnarlas y exigir reparación si resultan afectadas.
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