La directora general de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, así como Armida Adriana Ramírez, operadora priista de la vieja guardia veracruzana, fueron acusadas de extorsión y se investiga además la supuesta desaparición forzada de una persona, confirmaron autoridades de ese estado, según revela El Financiero.
Empresarios locales denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz una red de extorsión ligada a la oficina principal de la CONADE. La acusación asegura que opera con conocimiento de Guevara, quien estuvo presente en al menos dos encuentros en los que solicitó dinero para comprometer un contrato de prestación de servicios para los comedores de la dependencia.
La denuncia fue presentada ante Aurora Solano Arroyo, encargada de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro de Veracruz. La investigación se inició el miércoles 15 de abril a las 14:00 horas y el número de carpeta de investigación es el FEADPD/ZC-V/083/2020, donde se menciona a la titular de la CONADE.
Según documentación y material probatorio presentado ante la FGE, una de las personas que encabeza la red de extorsión es la veracruzana Armida Adriana Ramírez Corral, quien se ostenta como íntima colaboradora de Guevara.
La extorsión ocurrió contra la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), que tiene como representante legal a Carlos Donaciano Solórzano Pineda. El afectado reveló que sostuvo reuniones con Armida entre marzo y abril de 2019, quien le aseguró que con una buena “mochada”, le asignarían de manera directa el “Contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, el cual tendría la vigencia del mes de julio a diciembre del año 2019.
Esa licitación, cuyo número de procedimiento era el LA-011L6I001-E26-2019, se declaró desierta, según el portal oficial del Gobierno de México, Compranet. Sin embargo, se llevó a cabo una reposición de esta clave, ahora con el número de procedimiento AA-011L6I001-E35-2019, pero ahora sólo con vigencia del 15 de junio de 2019 al 13 de agosto de 2019, es decir, sólo dos meses.
La publicación para la licitación fue hecha el 23 de agosto de 2019, cuando este proceso ya había finalizado, motivo de una observación desde el Órgano de Interno de Control de la CONADE, que no ocurrió. Tras reponerse el procedimiento, con el número AA-011L6I001-E51-2019, se le asignó el contrato a CIMSA, con vigencia del 14 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
El apoderado legal de CIMSA declaró a las autoridades que en las reuniones que sostuvo con Ramírez, estuvieron presentes Guevara y Sergio Monroy Collado, quien funge como Subdirector General de dicho organismo. En uno de estos encuentros, los mencionados le requirieron la cantidad de 150 mil pesos, sólo para la asignación del contrato.
Guevara, Monroy y Ramírez solicitaron también 15 por ciento del total de los pagos que realizaría la dependencia como parte de la contraprestación de dicho contrato. La asignación se encontraba condicionada a que los pagos deberían realizarse de manera puntual, es decir cada 30 días, y le mencionaron que todo esto lo hacían por indicaciones del Presidente de la República, según la acusación.
Los pagos a la empresa no se realizaron en los tiempos acordados, a pesar de que se había llegado al acuerdo de renovar el contrato, aunque ahora de manera multianual, con el fin de resarcir las pérdidas económicas generadas.
SIN COMISIÓN COMIENZA LA EXIGENCIA
En diciembre de 2019, según las denuncias presentadas en la FGE de Veracruz, los funcionarios federales y Armida Ramírez le exigieron que dieran por adelantado el pago del porcentaje exigido, para que pudiera renovar el contrato.
CIMSA emitió una factura por los servicios prestados a la CONADE por un importe de 16 millones 901 mil 500 pesos, que fue pagada el 31 de diciembre de 2019 por el sistema SPEI según un comprobante Reporte de CLC por folio de corte de la CONADE, impreso el 8 de enero de 2020 a las 10:44 horas, en poder de RÉCORD.
Para esa fecha, la empresa estaba en quiebra, ya que financió los seis meses de suministros de alimentos a la dependencia y compró todo el mobiliario necesario para realizar esta operación. Debido a ello, la empresa CIMSA no realizó el pago acordado por el porcentaje de la ‘contraprestación’ tras el depósito de esos 16 millones de pesos a Ramírez, la supuesta operadora financiera de Guevara.
Según los documentos de la FGE, esto molestó a la titular de la CONADE, quien instruyó que se diera por terminada toda relación contractual con CIMSA. En febrero de 2020, Ramírez empezó a exigir vía telefónica el pago de 2 millones 900 mil pesos más una comisión por la representación que ella tenía con los funcionarios del organismo dirigido por Guevara.
Dichas exigencias cada vez fueron más intensas, refieren documentos de la carpeta de investigación, pues argumentaba Ramírez que Guevara la presionaba de manera directa, según consta en conversaciones de WhatsApp y Messenger presentadas ante la Fiscalía. Incluso, añade la investigación, la titular de CONADE supuestamente puso a un ingeniero como custodio y/o vigilante para presionarla a ella y así cobrar la cantidad que exigía.
Armida mencionó a los empresarios de CIMSA que estuvo secuestrada en el Hotel Royal Pedregal de la Ciudad de México el 26 de febrero del 2020 por órdenes de Guevara. Documentos de la investigación confirman que Ramírez estuvo acompañada de su pareja, Édgar Álvarez Flores, la mañana de ese día en Xalapa a las 7:56 horas.
Más tarde, ambos fueron ubicados de nueva cuenta por las señales de sus teléfonos celulares en el Hotel Royal Pedregal, a tres kilómetros de las oficinas centrales de CONADE, entre las 15:48 y las 23:01 horas.
PRESIÓN CON FUERZA CIVIL Y DESAPARICIÓN
El 19 de marzo del 2020, Armida hizo una llamada telefónica al jurídico de la empresa y lo citó en el café ‘Don Justo’, en el interior del centro comercial Plaza las Américas, en Xalapa. La reunión inició a las 12:40 horas, en la que Carlos Solórzano, abogado de CIMSA, refiere que fue amenazado y coaccionado por Ramírez, a efecto de que le entregara la cantidad de 2.5 millones de pesos en efectivo, por órdenes directas de Guevara y Monroy.
A dicha reunión llegaron elementos de la Fuerza Civil al mando de un comandante con distintivo “CORONA”, quien amenazó al representante de CIMSA para que entregue el dinero a Armida. El elemento de la Fuerza Civil le infirió al empresario que él tenía indicaciones de la Ciudad de México y por tal motivo le daba un término de 72 horas para cumplir esta exigencia, según el abogado.
Donaciano decidió cumplir con las exigencias, por lo que informó a Ramírez que le entregaría el dinero el 25 de marzo en el domicilio de su empresa. “Ella le indica que quien va a recolectar este dinero será el citado comandante con distintivo CORONA (actualmente se tiene conocimiento que su verdadero distintivo es DRAGON), a las 10:00 horas en el domicilio fiscal de su empresa; se entrega a este el dinero y se recopila una firma en un recibo en la cual solo estampa ‘Comandante Corona’”.
El representante de CIMSA recibe entonces un mensaje de texto al día siguiente de la entrega, el 26 de marzo, de parte de Ramírez, donde le informa que el comandante que fue a recoger el dinero no aparece. Por ese hecho, hoy existe una carpeta de investigación de este evento y donde se conoce ahora que su nombre era “Édgar N”, supuesta pareja sentimental de Armida.
‘Édgar N’ fue reportado desaparecido días después por la que realmente es su esposa, quien denunció el hecho ante la fiscalía el 27 de marzo. Aunque la esposa aseguró que le marcó al celular, en las averiguaciones no se encontraron llamadas hechas. Incluso, Armida aseguró que le marcó, pero tampoco se pudo comprobar en la sábana de llamadas.
Después de esa fecha, la que se ostenta como operadora financiera de Guevara, no se ha vuelto a comunicar con los empresarios, a quienes se les cobraron los 2.5 millones de pesos. En 2015, Ramírez Corral fue cesada como secretaria técnica del Consejo Político Estatal del PRI veracruzano, tras encabezar un escándalo por amenazar al padre de sus hijos.
Al tratarse de una funcionaria pública del Gobierno Federal, la FGE debió dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), pero fuentes de esa dependencia confirmaron a RÉCORD que hasta el momento no ha sido de esa forma.
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