El gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, decidió suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y expulsar de su país a 13 funcionarios, quienes tendrá que dejar el país en las próximas 72 horas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil informó que se hará “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento” y no cambiará la postura, “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
Peso a ello, el gobierno venezolano reiteró su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego de los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
¿Por qué el gobierno de Venezuela suspendió operaciones de la ONU en su país?
La decisión del gobierno de Venezuela de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y expulsar a 13 de sus funcionaros, sucede luego del arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, a quien se teme se le hayan violado sus derechos humanos, luego de ser acusada de formar parte de un plan para intentar asesinar al presidente Maduro.
“Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, publicó en X, antes Twitter, la cuenta de los Derechos Humanos.
Por su parte Amnistía Internacional también publicó “Exigimos respeto a la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel y sus familiares, su acceso a abogados, respeto a su derecho a la defensa y protección ante los malos tratos y tortura”.
Ante ello, sin mencionar directamente a Rocío San Miguel, el gobierno de Venezuela justificó su decisión de expulsar a la ONU “por el impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
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