La jueza Martha Magaña López, titular del juzgado quinto de distrito en Morelos, concedió una suspensión definitiva para que los diputados no continúen con la aprobación, aunque ya lo hicieron, de la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación hasta que se resuelva si los cambios son o no violatorios de derechos humanos.
La jueza federal también emitió la orden también para que en el Senado tampoco se continúe con la iniciativa votada por la Cámara de Diputados y luego sea enviada a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México.
“(El dictamen) no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y, deberán abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”, señaló la resolución emitida en el amparo1251/2024.
Freno no afecta interés social
En la sentencia, la impartidora de justicia consideró que este freno no afecta el interés social ni disposiciones de orden público porque aunque la sociedad está interesada en que las reformas constitucionales no se detengan, también tiene interés especial en que los procesos de reforma se apeguen a los estándares de derechos humanos.
“Lo cierto es que también tiene especial interés a que los procesos que se realicen para reformar la ley de mayor jerarquía para un país, se apeguen a los estándares de derechos humanos y mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza, de ahí que la independencia judicial como valor íntegro de un estado de derecho, no puede erosionarse de la Carta Magna”, explicó.
¿Qué pasará ahora?
Cabe recordar que cuatro jueces habían tramitado un amparo para revisar los cambios a la reforma judicial antes de que sea aprobada, de lo contrario quedarían en estado de indefensión los demás magistrados, pero se hizo caso omiso de tal orden.
“No es factible considerar que la afectación a los quejosos se dará cuando culmine el procedimiento de reforma, pues precisamente una vez que el proyecto es discutido, votado y aprobado por el Poder Constituyente y a su vez refrendado por el Poder Reformador para ser sancionado y publicado, es claro se habría materializado el acto que impactará en los quejosos y los dejaría en completo estado de indefensión a quienes se propone destituir de sus cargos sin derecho de audiencia y sin que se establezcan las condiciones de una eventual indemnización”, refirió la juez en su resolución.
Ahora se espera que en el Senado se detenga la aprobación a la reforma judicial, de lo contrario varios jueces saldrían afectados y continuará la aprobación de selección de magistrados por voto popular y a los demás prevén destituirlos sin darles derecho de audiencia ni la posibilidad de obtener una indemnización.
