El periódico The New York Times retomó en primera plana que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron víctimas de espionaje cuando se dedicaban a realizar investigaciones sobre desapariciones en México.
El Citizen Lab, la R3D, SocialTic y Artículo19 actualizaron su investigación sobre el uso indebido del malware 'Pegasus' y confirmaron que el Spyware de NSO también fue dirigido a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.
El diario estadounidense publicó las conclusiones sobre el uso indebido de 'Pegasus' contra los expertos ya que el espionaje tenía el objetivo de entorpecer sus indagatorias sobre las desapariciones de los normalistas en 2014.
“El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus”, dice el periódico.
“No obstante, la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto”, recalcó el documento.
Es pertinente recordar que el primer informe de la investigación, publicado el 11 de febrero de 2017, reveló que tres científicos mexicanos de alimentos y activistas contra la obesidad fueron atacados por 'Pegasus', el segundo, publicado el 19 de junio de 2017, reveló que 12 periodistas, abogados y defensores de Derechos Humanos fueron blanco de más de 76 intentos de infección y el tercero, publicado el 29 de junio de 2017, demostró el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) fueron víctimas del malware.
Cabe mencionar que la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) dependiente de Gobernación y el Ejército Mexicano, pagaron 489 millones de pesos para actualizar el software y potenciar sus capacidades de espionaje.
Este tema fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que únicamente se puede espiar o intervenir las comunicaciones de una persona cuando está involucrado con el crímen organizado y terrorismo siempre y cuándo se cuente con una orden judicial.
