La Administración para el Control de Drogas de EE. UU. expulsó silenciosamente a su ex alto funcionario en México el año pasado por contacto inapropiado con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre los países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera.
La socialización y las vacaciones de Nicholas Palmeri con abogados antidrogas de Miami, detalladas en registros confidenciales vistos por The Associated Press, provocaron su caída final luego de un período de solo 14 meses como el poderoso director regional de la DEA que supervisaba a docenas de agentes en México, América Central y Canadá.
Pero investigaciones internas separadas generaron otras señales de alerta, incluidas las quejas sobre el manejo laxo de la pandemia de coronavirus que resultó en que dos agentes enfermos tuvieran que ser trasladados en avión fuera del país. Y otro divulgado la semana pasada encontró que Palmeri aprobó el uso de fondos de lucha contra las drogas para fines inapropiados y buscó un reembolso para pagar su propia fiesta de cumpleaños.
“El puesto de director regional en México es el más importante en las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando sucede algo así, es disruptivo”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA.
“Es aún más crítico debido al deterioro de la situación con México”, agregó Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El Paso de la DEA. “Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que ingresa a través de China. No se puede tomar a la ligera”.
El caso de Palmeri se suma a una creciente letanía de mala conducta que afecta a la principal agencia de aplicación de la ley de narcóticos del país en un momento en que sus operaciones extranjeras en expansión, que abarcan 69 países, están bajo el escrutinio de una revisión externa ordenada por la administradora de la DEA, Anne Milgram.
Esa revisión se produjo en respuesta al caso de José Irizarry, un exagente caído en desgracia que ahora cumple una sentencia de prisión federal de 12 años después de confesar haber lavado dinero para los cárteles de la droga colombianos y sustraer millones de incautaciones para financiar un viaje de placer internacional del jet-set, fiestas y prostitutas.
El de Palmeri es el segundo caso en los últimos meses que arroja luz sobre las interacciones a menudo acogedoras entre los funcionarios de la DEA y los abogados de Miami que representan a algunos de los narcotraficantes y lavadores de dinero más grandes de América Latina. El año pasado, los fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un exsupervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden público a dos abogados defensores anónimos de Miami a cambio de $70,000 en efectivo.
Uno de esos abogados, identificado por funcionarios estadounidenses actuales y anteriores como David Macey, también estuvo implicado en la investigación de Palmeri. Los registros de investigación internos muestran que Macey recibió a Palmeri y su esposa nacida en México durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje que, según los investigadores, no tuvo un propósito laboral útil y violó las reglas que rigen las interacciones con los abogados que están diseñadas para evitar incluso la apariencia de impropiedad.
Palmeri, de 52 años, reconoció a los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami con su esposa en febrero de 2021.
El supuesto propósito del viaje a Miami había sido “interrogar” a una fuente confidencial. Pero tuvo lugar en una casa privada donde Palmeri apareció con su esposa y una botella de vino, según el informe interno.
“La reunión tuvo la apariencia de una interacción social con una fuente confidencial”, escribieron los investigadores, “y no hubo documentación oficial contemporánea de la DEA sobre el contenido del informe, los cuales violan la política de la DEA”.
Esas violaciones provocaron la transferencia abrupta de Palmeri a la sede de Washington en mayo de 2021 antes de que finalmente renunciara en marzo pasado, según muestran los registros. Palmeri dijo a los investigadores que no había mostrado “el mejor juicio”.
La DEA no discutió los detalles de la destitución de Palmeri o por qué se le permitió retirarse en lugar de ser despedido. Pero un funcionario le dijo a la AP que la agencia “no tolera los contactos inapropiados entre los abogados defensores y los empleados de la DEA”.
“La DEA investiga agresivamente esta grave falta y toma medidas decisivas, incluida la destitución, contra los empleados que participan en ella”, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a hablar en público y pidió no ser identificado.
Por su parte, Palmeri describió las investigaciones por mala conducta como una “cacería de brujas” provocada por celos personales y profesionales que se negó a especificar y “una narrativa mal concebida para destituirme de mi cargo”.
Palmeri agregó que sus relaciones con los abogados “siempre han sido profesionales y éticas”, y que todos sus gastos en México fueron “prudenciales” y beneficiaron al gobierno de Estados Unidos.
“Es irónico”, escribió Palmeri en un correo electrónico, “que el Departamento de 'Justicia' cometa esta injusticia con el país”.
Macey no respondió a las solicitudes de comentarios. Oliva dijo a AP que el trabajo de traducción que la esposa de Palmeri hizo para él "no tenía nada que ver" con Palmeri y que "nunca había conocido a un agente antidrogas más ético, trabajador y altamente efectivo".
Ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York, Palmeri llamó la atención desde el momento en que llegó a México en 2020.
Algunos agentes se quejaron de su casi obsesión por capturar a Rafael Caro Quintero, el infame narcotraficante detrás del asesinato de un agente de la DEA estadounidense en 1985, y dijeron que Palmeri priorizó eso sobre los esfuerzos menos llamativos de la agencia para detener el flujo de precursores químicos chinos utilizados para hacer fentanilo. Quintero finalmente fue detenido el verano pasado, meses después de que la DEA llamara a Palmeri a Washington.
Chris Landau, quien supervisó a Palmeri como embajador de EE. UU. en México durante la administración Trump, dijo que el enfoque singular en Quintero y otros arrestos similares que acaparan los titulares es característico de las fallas más amplias de la DEA en la guerra contra las drogas.
Landau citó el impactante arresto en Estados Unidos en 2020 de un exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que llevó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a disolver la unidad policial de élite que era el aliado clave de la DEA. López Obrador también impulsó una ley de seguridad nacional que mantenía a los agentes de la DEA en su escritorio en lugar de estar en el campo. De la noche a la mañana, la cooperación policial entre los países vecinos pasó de tensa e irregular a inexistente.
“Desafortunadamente, en ausencia de una estrategia más amplia, la DEA está manejando el autobús de la política antinarcóticos de EE. UU. y es un camino muy estrecho por el que conducen”, dijo Landau. “No va a mover la aguja en términos de detener el flujo de drogas hacia los EE. UU. y con frecuencia tiene consecuencias devastadoras en la política exterior”.
Palmeri también fue criticado por su manejo de los procedimientos de coronavirus en 2020, cuando los agentes federales tenían órdenes de evitar reuniones en persona y viajes innecesarios. Varios agentes bajo el mando de Palmeri, incluido un subdirector regional, contrajeron COVID-19 luego de una reunión en la oficina de la DEA en el balneario de Mazatlán, donde algunos agentes dicen que fueron amonestados o ridiculizados por usar máscaras.
Dos agentes se enfermaron tanto que tuvieron que ser trasladados en avión fuera del país, según dos exfuncionarios estadounidenses que no estaban autorizados a discutir la controversia y hablaron con AP bajo condición de anonimato.
Un informe de la Oficina del Inspector General publicado la semana pasada también encontró que Palmeri solicitó un reembolso del gobierno para pagar su propia fiesta de cumpleaños y aprobó la compra de "artículos no permitidos" como parte de los viajes al extranjero por parte del entonces administrador interino de la DEA. Tim Shea, quien ocupó ese cargo durante el mandato de Palmeri, no respondió a las solicitudes de comentarios.
El informe, que no detalló rubros específicos o montos gastados, tampoco explicó su conclusión: “Se rechazó el enjuiciamiento penal del Director Regional”.
