Revisar el teléfono móvil de tu pareja, motivado por la inseguridad, puede parecer una cuestión de confianza; sin embargo, en realidad constituye una violación de su privacidad e intimidad, y se considera un delito.
¿Por qué es delito revisar el celular de tu pareja?
En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió la revisión o apoderamiento del correo electrónico y las comunicaciones privadas de terceros sin autorización judicial o del titular. Esta prohibición incluye a cónyuges y familiares, ya que se considera una violación al derecho a la privacidad y puede reflejar violencia de género, especialmente hacia las mujeres. La decisión surgió de un caso en el que un hombre utilizó más de 300 correos electrónicos de su pareja como prueba de infidelidad en un divorcio.
La SCJN rechazó las pruebas porque violaban el artículo 16 de la Constitución Política de México.
“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley"
"Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”, señala el artículo 16.
¿Cuál es el castigo por revisar el celular de tu pareja?
Revisar un celular sin autorización puede llevar a penas de seis a doce años de prisión y multas de 300 a 600 días, según el Código Penal Federal. Esta sanción se aplica si se revela o utiliza indebidamente la información o imágenes obtenidas de una intervención de comunicación privada.
