Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación mexicana Alto al Secuestro es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por fabricar pruebas del caso de su hijo desaparecido, Hugo Alberto Wallace.
La FGR abrió una carpeta de investigación por los crímenes de falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas por supuestas irregularidades cometidas por ella durante las indagatorias.
Desde entonces, la activista ha recibido críticas y desconfianza por parte de periodistas y de la opinión pública general por presuntamente haber fingido la desaparición de su hijo.
NIEGA INVESTIGACIÓN
Por su parte, Wallace negó este viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) la investigue por ese hecho.
“No estoy siendo investigada, fui denunciada para distraer a la opinión pública y amedrentarme”, aseveró en un pronunciamiento la conocida activista, cercana a políticos conservadores.
Ahora, Miranda de Wallace acusó al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que presentó la denuncia, de estar del lado de los secuestradores.
“Lo que en realidad sucede es que la Defensoría Pública está realizando una estrategia de defensa poco ética de los secuestradores de mi hijo, basada en actos intimidatorios y amenazantes hacia mi persona”, aseveró.
El caso ha cobrado notoriedad porque Miranda de Wallace fue cercana al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) del derechista Partido Acción Nacional (PAN), partido que la postuló en 2012 para ser candidata a jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal.
La activista acusó de “malas prácticas” al titular del IFDP, Netzaí Sandoval, quien es hermano de Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública durante la primera mitad del actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“Como es bien sabido he luchado durante largos 16 años, para que el secuestro y muerte de mi hijo no quede impune y lo seguiré haciendo aún y cuando desde la esfera de poder que ostenta el hermano de Irma Eréndira Sandoval se me amenace”, advirtió la mujer.
La controversia ocurre mientras México afronta una crisis de más de 89 mil personas desaparecidas, de las que más de 21 mil corresponden al actual sexenio de López Obrador, quien asumió en diciembre de 2018
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