El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que pide el desmantelamiento del Departamento de Educación, una acción con la que pretende avanzar en una promesa de campaña para quitar una agencia que desde hace tiempo ha sido un objetivo de los conservadores.
El mandatario ha ridiculizado al Departamento de Educación por derrochador y por estar contaminado por la ideología liberal. Sin embargo, completar su desmantelamiento es probablemente imposible sin una ley por parte del Congreso, que creó el departamento en 1979. Los republicanos dijeron que presentarán un proyecto de ley para lograrlo.
Dejarán abiertos ciertos rubros
Trump afirmó que su gobierno cerrará el departamento más allá de sus “necesidades básicas”, preservando sus responsabilidades en relación con la financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos, las becas Pell y el dinero para niños con discapacidades. Anteriormente, la Casa Blanca había dicho que también continuará gestionando los préstamos estudiantiles federales.
El presidente culpó al departamento por el bajo rendimiento académico de Estados Unidos y señaló que los estados harán un mejor trabajo. “No nos está haciendo ningún bien”, afirmó durante una ceremonia en la b
El gobierno republicano de Trump ya ha empezado a desmantelar la agencia. Su fuerza laboral se está reduciendo a la mitad, y ha habido recortes profundos en la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.
Afectaciones por el Departamento de Educación
Los defensores de las escuelas públicas dijeron que eliminar el departamento dejará atrás a los niños en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.
“Este es un día triste para los millones de niños estadounidenses que dependen de la financiación federal para recibir una educación de calidad, incluidos aquellos en comunidades pobres y rurales cuyos padres votaron por Trump”, señaló Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).
Los demócratas dijeron que la orden será impugnada en los tribunales y en el Congreso, e instaron a los republicanos a unirse a ellos en oposición.
La orden de Trump es “peligrosa e ilegal” y perjudicará desproporcionadamente a los estudiantes de bajos ingresos, a los estudiantes de color y a aquellos con discapacidades, precisó el representante Bobby Scott, el principal demócrata en la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes.
El departamento “fue fundado en parte para garantizar la aplicación de los derechos civiles de los estudiantes”, dijo Scott. “Los defensores de la segregación en las escuelas públicas se opusieron y hicieron campaña por un regreso a los ‘derechos de los estados’”.
La Casa Blanca no ha especificado formalmente qué funciones del departamento podrían ser transferidas a otras dependencias o eliminadas por completo. El departamento envía miles de millones de dólares al año a las escuelas y supervisa 1.6 billones de dólares en préstamos estudiantiles federales.
Actualmente, gran parte del trabajo de la agencia gira en torno a la gestión del dinero, tanto de su extensa cartera de préstamos estudiantiles como de una variedad de programas de ayuda para universidades y distritos escolares, además de las comidas escolares y el apoyo a estudiantes sin hogar. La agencia también es clave en la supervisión de la implementación de los derechos civiles.
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