AP
El director de la seguridad para los Juegos Olímpicos del 2016 en Brasil fue acusado de cometer un presunto fraude hace cinco años cuando ocupó el mismo cargo durante los Juegos Panamericanos realizados en Río de Janeiro, informaron el viernes las autoridades.
Una vocera de la procuraduría de Brasil, Paula Amaral, dijo que Luiz Fernando Correa gastó 40 millones de reales (20 millones de dólares) para la compra en 2007 de equipo de seguridad que una investigación posterior demostró que valía en realidad 22 millones de reales (11 millones de dólares).
"Le facturó de más al gobierno en 80%", indicó la portavoz.
Amaral dijo que la investigación fue realizada porque la compra se hizo sin comparar los precios en el mercado como exige la ley para toda adquisición gubernamental que se efectúe sin un proceso de licitación.
El comité organizador de los juegos del 2015 dijo que no tenía declaraciones inmediatas sobre la acusación y agregó que Correa tampoco se pronunciaría por ahora sobre el caso.
Un directivo del comité afirmó que Correa continúa al frente de la seguridad para los juegos. El funcionario hizo las declaraciones en forma anónima porque no estaba autorizado para hablar con los medios de comunicación.
Además de ser director de seguridad en los Juegos Panamericanos, Correa fue también el responsable de la contratación de los servicios y la adquisición del equipo necesarios para proteger a los deportistas y a los directivos durante la competencia, precisó Amaral.
"En febrero del 2007, firmó un contrato para la compra de equipo de inteligencia con un consorcio de 11 empresas que incluía a Motorola Solutions", refirió la vocera y añadió que no hubo licitación porque Correa afirmó que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Amaral se abstuvo de suministrar detalles sobre el equipo adquirido.
Karla Otranto, vocera de Motorola Solutions Inc., afirmó que la compañía no tenía de inmediato declaraciones debido a que todos sus directores estaban de viaje en el exterior.
Amaral dijo que la evidencia de la sobrefacturación fue entregada a un juez federal, quien decidirá si el caso debe ir a juicio.
En caso de que Correa sea procesado y encontrado culpable, tendrá que pagarle al gobierno la cantidad facturada en exceso.
