La Asociación Deportiva de Futbol Profesional (ADFP), organizadora de la Liga peruana, pidió al presidente de la Federación Peruana de Futbol (FPF), Edwin Oviedo, que suspenda momentáneamente sus funciones mientras se investiga el escándalo de corrupción judicial en el que aparece involucrado.
La ADFP consideró que las revelaciones de corrupción en las más altas instancias de la judicatura de Perú contemplan "un probable uso indebido de recursos de la FPF (entradas, invitaciones, pasajes, estadios, viáticos)".
Por ese motivo, reclamó a Oviedo que informe a la brevedad posible sobre esa situación y entregue el resultado económico de la participación de la selección nacional en las últimas competiciones internacionales.
Oviedo aparece mencionado en el escándalo de corrupción judicial en una de las grabaciones telefónicas publicadas esta semana en los medios de comunicación donde dialogan el juez supremo César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo.
En ella, Hinostroza, cuestionado por polémicas sentencias como algunas que absuelve o reduce penas a violadores de menores, le reclama a Camayo que no tiene noticias de Oviedo sobre las entradas para ver a la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, y este le responde que todo lo tendrá resuelto en unos días.
Seguidamente, se difundieron en medios locales una serie de fotos donde Camayo, protagonista de más turbias conversaciones con otros jueces importantes del país, aparece en una fiesta junto a Oviedo y otros miembros del Poder Judicial.
Oviedo aseguró el miércoles en un comunicado que "es absolutamente falso que la FPF o su presidente hayan invitado al vocal supremo César Hinostroza al Mundial de Rusia 2018, regalándole entradas para los partidos y brindándole hospedaje en el hotel que utilizó la selección".
Recientemente, una jueza suspendió la investigación un fiscal seguía contra Oviedo por los asesinatos de dos dirigentes sindicales de una de sus empresas en 2012 y 2015, respectivamente.
La decisión judicial llegó cuando el fiscal se disponía a solicitar el ingreso en prisión preventiva por 12 meses mientras terminaba de concretar la acusación ante el juez, que comprendía la petición de una condena de 26 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de los homicidios.
