Un juez abrió un proceso contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, por supuestamente saber del desvío de fondos y no denunciarlo y dictó prisión su preventiva, con lo que se convirtió en el primer miembro del gabinete del exmandatario en pisar la cárcel.
Robles está acusada de “ejercicio indebido del servicio público”. Según la fiscalía, habría tenido pleno conocimiento de las irregularidades desde junio de 2014 pero no las denunció, lo que afectó los intereses y el patrimonio de las dos secretarías de las que fue titular y ocasionó daños a las arcas públicas que la fiscalía cifra en 260 millones de dólares.
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El juez también solicitó a la Fiscalía General de la República que precise e investigue cómo Robles informaba al presidente Peña Nieto de lo que ocurría en sus departamentos, explicó a AP un miembro del Poder Judicial que pidió el anonimato por no tener autorización para hacer declaraciones públicas. El objetivo sería clarificar si el mandatario pudo o no tener conocimiento de las irregularidades.
Robles insistió en su inocencia hasta poco antes de ingresar a una cárcel del sur de la capital. “Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso estoy aquí”, dijo a la prensa durante la audiencia judicial. “Con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara”, explicó.