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Una pelea estalló este viernes entre legisladores turcos durante un acalorado debate sobre un diputado de la oposición actualmente encarcelado bajo cargos que muchos consideran tienen motivos políticos.
Imágenes televisadas mostraron a Ahmet Sik, legislador del mismo partido que el diputado encarcelado, siendo abordado y agredido por el congresista Alpay Ozalan, del partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, cuando ofrecía un discurso en el podio de la cámara baja.
Sik acababa de calificar a los miembros del partido gobernante de “organización terrorista”.
Se arma la campal
En una pelea posterior en que participaron docenas de diputados, una legisladora fue golpeada, dejando gotas de sangre en los escalones que conducían al atril del orador. Según los informes, otro miembro de la oposición también resultó herido. Las peleas físicas no son infrecuentes entre los legisladores turcos.
“Es una situación vergonzosa”, dijo Ozgur Ozel, que encabeza el mayor partido de oposición. “En lugar de palabras volando en el aire, vuelan puños, hay sangre en el suelo. Golpean a mujeres”.
Diputado preso estaba a debate
La sesión extraordinaria de la Gran Asamblea Nacional turca fue convocada para debatir el caso de Can Atalay, elegido desde prisión como diputado parlamentario por el Partido de los Trabajadores de Turquía en las elecciones del año pasado.
El año anterior había sido condenado a 18 años de prisión por su papel en las protestas antigubernamentales de 2013, que desafiaron el gobierno de Erdogan, entonces primer ministro de Turquía.
Desde que fue elegido, Atalay ha estado luchando por ocupar su escaño en el Parlamento, que cuenta con inmunidad judicial y podría dejarlo libre de la prisión de Mármara. Ha dicho que regresará a prisión una vez que termine su periodo como legislador.
Aunque ha logrado fallos exitosos del Tribunal Constitucional, estos han sido ignorados por cortes inferiores, lo que desató una crisis judicial y avivó un sentimiento de injusticia entre sus partidarios.
En su tercer fallo a favor de Atalay, el Tribunal Constitucional indicó el 1 de agosto que la decisión de despojarlo de su estatus parlamentario era “nula y sin valor”.
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