Pese a que había versiones de la presencia de Javier Duarte en Guatemala desde noviembre de 2016, el exgobernador de Veracruz no pudo ser detenido antes del 15 de abril de 2017 ya que no existía una solicitud de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), así lo explicó la Fiscal de Guatemala, Thelma Aldana Hernández, en entrevista para sinembargo.mx.
"El Ministerio Público de Guatemala recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la embajada de México acreditada en Guatemala. En esa nota el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de nacionalidad mexicana. De tal manera que antes del 15 de abril el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había una solicitud. No se había recibido esta nota verbal del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos", comentó la fiscal.
En cuanto a si el Ministerio Público de Guatemala podía actuar de oficio para detener a Duarte, se comentó que no ya que no existía la solicitud de aprehensión con fines de extradición.
"Recuérdese que en este caso, alrededor del 14 de octubre del año pasado, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema de Justicia Penal Federal de México libró una orden de aprehensión en contra del señor Duarte de Ochoa. Esta orden de aprehensión tuvo alerta roja a nivel de Interpol, que incluye a Interpol Guatemala. Por supuesto, de alguna manera cualquier país podía verificar si se encontraba o no en su territorio esta persona. Ahora bien, la solicitud de aprehensión con fines de extradición no se podía hacer antes, sino hasta el momento que el Ministerio Público de Guatemala, a través de la Cancillería recibió esta nota verbal de la Embajada de México acreditada en Guatemala", dijo Aldana Hernández.
Sin embargo, el Ministerio Público guatemalteco no puede vigilar o investigar a la familia de Duarte, pero, si se lo pide, sí puede colaborar con las autoridades mexicanas.
"No, el Ministerio Público no es ente investigador en este caso. Podemos colaborar con la Procuraduría General de la República de México si nos lo solicita a través de una asistencia legal; a través de los mecanismos legales correspondientes".
