La venganza fue una de las más atroces que hayan cometido Los Zetas: en marzo de 2011, sicarios del grupo entraron a un municipio cerca de la frontera con Texas donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la policía, secuestraron a todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza.
No se sabe el número real de víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos según las fuentes, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante años.
La investigación, dirigida por el académico Sergio Aguayo, del Colegio de México, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas, se basa en documentos de la CEAV, la fiscalía de Coahuila, las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de víctimas, declaraciones públicas de detenidos ante autoridades estadounidenses y solicitudes de acceso a la información. Toma el caso de Allende y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, un año antes, como ejemplos de violencia extrema y desatención de las víctimas.
Lejos de ser hechos aislados, las masacres revelan un mayor nivel de "barbarie" por parte de Los Zetas y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes, la indiferencia y/o ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los crímenes y la "pasividad" de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.
Denuncia, además, la falta de compromiso de las instituciones con la verdad, la única vía para llegar a la justicia y para dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea "En el desamparo", que es como se quedaron los afectados.
El caso de los 72 migrantes, ocurrido en agosto de 2010, cobró relevancia porque dos victimas sobrevivieron y las autoridades se vieron obligadas a ofrecer algunas explicaciones, aunque la Comisión Interamericana denunció en agosto de 2014 que la respuesta del estado mexicano "osciló entre la indiferencia y la opacidad".
Con respecto al caso en Allende, Coahuila, que aconteció el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, el informe asegurá que la policía tenía la orden de no patrullar ni atender llamadas de auxilio y "levantar a cualquiera con apellido Garza para entregarlo a Los Zetas".
Según el documento, en 2011 el cártel gastaba 61 mil 500 pesos mensuales en pagos a policías que iban desde 20 mil pesos del jefe, a los 500 para los menos comprometidos. El sueldo medio de un agente es de unos 6 mil 300 pesos.
A cambio, sus "funciones" habituales eran "ignorar las denuncias"; avisar si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, dejar que los Zetas entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las extorsiones y "levantar" a quien indicaran los criminales.
Sergio Aguayo adelantó que iniciarán una nueva fase de investigación para entender mejor a Los Zetas, el papel de los gobiernos de Coahuila previos a los hechos, y para saber qué hizo la sociedad para resistir cuando "el estado abandonó a las víctimas".
