El viernes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela inhabilitó la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado.
“La ciudadana MARÍA CORINA MACHADO PARISCA está INHABILITADA para ejercer funciones públicas por un periodo de quince (15) años, de acuerdo a la Resolución número 01-00-000285, de fecha 16 de septiembre de 2021, emanada de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”, anunció el tribunal el viernes.
La candidata Machado reaccionó en su cuenta oficial de X, a la decisión del Tribunal Supremo y señaló: “El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados. Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es HASTA EL FINAL”.
La inhabilitación anunciada se refiere a una medida que impuso la Contraloría General de Venezuela contra Machado por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación.
Por su parte Machado insiste en que la inhabilitación es ilegal.
El pasado 15 de diciembre, Machado acudió al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso ante la inhabilitación política que le impide postularse y ejercer cargos públicos.
Machado afirmó que hará “todo lo que haya que hacer” para mantenerse en la ruta electoral. “Nosotros vamos a llegar hasta el final. La pelota está ahora en la cancha del régimen, ahora es a ellos a quien le toca cumplir”, se dirigió a los medios.
“Yo lo que he ratificado hoy, una vez más, es que no existe inhabilitación. Además, a mí me habilitó la gente y eso es lo que queda constatado, ratificado en el documento que introdujimos”, mencionó Machado en una rueda de prensa en el mismo día más tarde.
El abogado que representa a Machado, Perkins Rocha, informó a través de la red social X a principios de enero que había recurrido a la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de revisar el expediente de su defendida y que, por segunda vez, se le negó el acceso al expediente para examinarlo. Una situación que el jurista consideró ponía a su clienta en “una peligrosa situación de indefensión” al impedirle conocer sobre el trámite.
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