El Papa Francisco actualizó el sábado una ley canónica de 2019 que hace responsables a los jerarcas de la Iglesia católica que encubren casos de abuso sexual, ampliándola para abarcar a laicos jerárquicos y reafirmó que los adultos vulnerables también pueden ser víctimas cuando no pueden dar su consentimiento.
Francisco ratificó e hizo permanentes las disposiciones transitorias de la ley de 2019, aprobada en un momento de crisis del Vaticano y la jerarquía católica. En su momento, la ley recibió elogios por establecer mecanismos precisos para investigar a los obispos y superiores religiosos cómplices, pero su aplicación ha sido dispareja y el Vaticano ha recibido críticas de víctimas de abusos por la falta de transparencia.
Las nuevas normas se ajustan a otros cambios en el manejo por la Iglesia de los casos de abuso reportados desde entonces. Lo más significativo es que se las amplía para abarcar a asociaciones autorizadas por el Vaticano encabezadas por laicos, no sólo por clérigos. Esto responde a los numerosos casos que han salido a la luz en años recientes de jerarcas laicos que abusan de su autoridad para explotar sexualmente a personas a las que deben brindar ayuda espiritual.
Reafirman que los adultos también pueden ser víctimas de curas depredadores, como en el caso de monjas o seminaristas subordinados a obispos o superiores. La ley canónica sostenía que sólo podía considerarse víctimas, junto con los menores de edad, a los adultos que carecen “habitualmente” del uso de la razón.
La nueva ley aclara que los adultos pueden volverse vulnerables a los abusos, incluso de manera ocasional, de acuerdo con las situaciones. Esto es significativo, dada la resistencia en el Vaticano a ampliar sus normas sobre abusos para abarcar a los adultos.
Define como adulto vulnerable a “cualquier persona en estado de enfermedad, deficiencia física o mental, o de privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite su capacidad para comprender o desear o de otra manera resistir la ofensa”.
Francisco dispuso las normas en 2019 en respuesta al capítulo más reciente de una crisis de décadas, precisamente a un encubrimiento denunciado por un jurado investigador en Pensilvania y el escándalo causado por el entonces cardenal Theodore McCarrick. El propio Francisco quedó implicado en esa ola de escándalos cuando desestimó las denuncias de las víctimas de un notorio depredador en Chile.
Al comprender su error, el papa ordenó una revisión total del expediente de abusos chileno, convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo a Roma para una reunión de cuatro días y puso en marcha planes para una nueva ley que obligara a los jerarcas de la Iglesia a rendir cuentas por los abusos y encubrimientos y ordenar que se denuncien internamente todos los casos.
La ley y su actualización del sábado comprende normas explícitas para investigar a los obispos acusados de cometer o encubrir abusos, en respuesta directa al caso McCarrick, dado que era de conocimiento en círculos del Vaticano y algunos círculos eclesiásticos de Estados Unidos que él tenía relaciones sexuales con sus seminaristas. La ley contenía plazos precisos para iniciar investigaciones si las denuncias estaban debidamente fundamentadas y esas disposiciones se han ratificado con algunos cambios.
La ley ordena a todo el personal de la Iglesia reportar internamente las denuncias de abusos de clérigos, pero no ordena reportarlas a la policía. Amplía las protecciones a los denunciantes anónimos y ratifica la necesidad de proteger el buen nombre de los acusados.
Una queja de antigua data de las víctimas es que durante décadas el Vaticano cerró los ojos al encubrimiento de casos de abuso por obispos y superiores de órdenes religiosas, que desplazaban a los curas depredadores a una parroquia tras otra en lugar de denunciarlos a la policía. La ley de 2019 intentaba responder a esas quejas, pero las víctimas han denunciado a la Santa Sede por mantener en secreto las investigaciones y sus desenlaces.
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