La reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de militares en México, otra de las controvertidas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzó el jueves en la Cámara de Diputados al aprobarse el texto en lo general gracias a la mayoría de dos tercios que tiene el partido Morena y sus aliados.
El debate de los detalles de la iniciativa proseguía pero, previsiblemente, los diputados dejarían la reforma aprobada en todos sus términos en las siguientes horas pese a las críticas de los partidos de oposición que votaron en contra. Después pasará al Senado para su debate.
El partido gobernante Morena y sus aliados insisten en llevar adelante el proyecto pese a las críticas de opositores y el cuestionamiento de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes creen que supondrá una mayor militarización de la seguridad pública. Tampoco consideran que resolverá el problema de violencia en el país.
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de López Obrador, el cual concluye el 30 de septiembre. La primera, y más polémica, fue la de la restructuración del Poder Judicial.
La actual prevé que la Guardia Nacional salga del control de la Secretaría de Seguridad y pase a ser manejada por el Ejército. La Guardia Nacional fue creada por el mandatario en 2019 con el objetivo de combatir la creciente violencia.
En el proyecto de reforma se prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se dan atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial. Más del 80% de los 130 mil 000 integrantes de la Guardia Nacional provienen del Ejército y de la Marina, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Organizaciones piden detener la Reforma a la Guardia Nacional
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el jueves al Congreso a no aprobar la reforma y solicitó, a través de su representante adjunto Jesús Peña Palacios, que en lugar de “profundizar un enfoque de predominio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito”.
Asimismo, se otorga facultades al Ejecutivo para “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública”, un punto que también ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, puesto que se extiende de manera indefinida la participación en labores de seguridad de las fuerzas armadas mexicanas.
Como parte del proceso de transferencia, en la iniciativa se establece que la Sedena asumirá el presupuesto y recursos materiales de operación de la Guardia Nacional.
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