El diputado local del PAN, Diego Garrido, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para ampliar el concepto de ‘legítima defensa’ en el Código Penal capitalino. La propuesta busca que se reconozca este concepto cuando una persona lesione o mate a un invasor que entre sin autorización a su vivienda, ya sea temporal o permanentemente habitada.
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Actualmente, el artículo 29 del Código Penal sólo contempla legítima defensa cuando se cause "un daño" al invasor. El legislador considera necesario precisar que la protección debe extenderse incluso cuando el agresor resulte herido o pierda la vida, siempre que su incursión represente una amenaza real para los habitantes del inmueble. 
Caso Carlota, evidencian vacíos legales
El panista tomó como ejemplo el caso de doña Carlota 'N', una mujer de la tercera edad que recientemente disparó contra dos personas que supuestamente la habían despojado de su propiedad en Chalco, Estado de México. El caso desató una ola de denuncias de personas en situaciones similares, quienes aseguran haber sido víctimas de invasiones violentas sin que las autoridades actúen con contundencia.
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Diego Garrido subrayó que, ante el riesgo de asaltos y robos en los hogares, muchos ciudadanos han optado por adquirir armas para defenderse, a pesar de los riesgos legales y físicos que ello conlleva. “La legítima defensa puede llegar hasta el extremo de privar de la vida al agresor”, dijo.
El MP debe probar el dolo, no el ciudadano
Uno de los puntos clave de la iniciativa es trasladar la carga de la prueba al Ministerio Público, quien deberá demostrar si hubo dolo por parte del defensor. Esta postura ya fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2019, cuando resolvió tres acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la legítima defensa.
“No se trata de fomentar la justicia por propia mano ni de permitir excesos”, aclaró el integrante de Acción Nacional. “Se trata de garantizar que una persona no sea criminalizada por proteger su vida y su hogar”.
El diputado señaló que su propuesta busca atender una problemática creciente en la Ciudad de México, donde los despojos e invasiones se han vuelto frecuentes, y donde muchas personas se sienten desprotegidas. La iniciativa representa, según explicó, un esfuerzo por reforzar el derecho a la propiedad privada y dar una respuesta jurídica clara a quienes enfrentan situaciones de violencia dentro de sus viviendas.
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