El director de la policía chilena, general Mario Rozas, anunció el martes la suspensión del uso de las escopetas antidisturbios que han dejado más de 200 jóvenes sin la visión en un ojo y han herido a miles más en la represión de las protestas que estallaron hace 33 días.
Rozas enfatizó que sólo podrán ser utilizadas en casos en que peligre la vida de los policías o de civiles. El general, cuestionado ampliamente por la actuación de la policía en el último mes y a quien incluso se ha pedido su renuncia, leyó un comunicado con el anuncio y no aceptó preguntas.
Explicó que la información proporcionada por el proveedor extranjero de las armas, cuyas balas de 12 milímetros al dispararse se abren en 12 perdigones de ocho milímetros y 70 gramos, no coincide con los antecedentes proporcionados el fin de semana por expertos de la Universidad de Chile y por el propio Laboratorio Criminalístico institucional. La policía aseguraba hasta el martes que se trataba de municiones de goma. Según explicó, la información del plantel universitario del laboratorio institucional muestra “diferencias con la composición declarada por el proveedor en su ficha técnica".
Añadió que las escopetas “solo podrán ser usadas como una medida extrema y de legítima defensa” de policías y civiles, y que la medida “será revaluada una vez que tengamos en nuestro poder los resultados de los estudios complementarios que hemos solicitado en laboratorios externos de Chile y el extranjero, así como las certificaciones complementarias solicitadas al proveedor".
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas afirmó en su informe que "los perdigones analizados contienen un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos", que identificó como sílice, sulfato de barrio y plomo.
El informe fue realizado por dos perdigones aportados por la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, que ha atendido a la gran mayoría de jóvenes que perdieron la visión de un ojo.
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El toxicólogo y académico de la Universidad de Santiago, doctor Leonel Rojo, dijo el martes que si la munición queda incrustada “puede provocar intoxicación, dolores articulares, problemas del apetito, dolores abdominales o de la cabeza o presión alta por intoxicación por plomo”.
Un joven de 21 años está grave luego que en la víspera, en medio de disturbios, recibió tres perdigones que impactaron en una pierna, tórax y en la tráquea.
Ante una desbordada represión de las protestas desde el 18 de octubre, representantes de Amnistía Internacional, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Human Rights Watch, están en Chile para investigar las denuncias de un uso desproporcionado de las escopas antidisturbios en el país sudamericano.
Horas antes, una decena de legisladores opositores de Chile presentó una Acusación Constitucional --mecanismo para vetar a un político-- contra el presidente Sebastián Piñera. De prosperar, podría llevar a la destitución del mandatario.
Chile vive un estallido social sin precedentes desde que el pasado 18 de octubre el alza de los precios del subterráneo derivara en protestas generalizadas que demandan mejores salarios y pensiones, reformas en educación y salud pública y una nueva Constitución escrita por el pueblo.
La fiscalía investiga 26 muertes en el contexto de las movilizaciones sociales, informó el martes, al menos cinco de ellas a manos del agente del Estado y dos bajo custodia de éste.
